Sabino Romero

Sociedad Homo et Natura

Todos los pueblos originarios tienen sus propios sistemas de justicias, sus códigos éticos y morales soportados en sus particulares cosmovisiones y sistemas de valores que les han servidos desde tiempos inmemorables para resolver sus conflictos y problemas socios cultuales.

Deslastrándose de alguna manera entre pugnas de intereses los Estados Nacionales de sus orígenes vinculados con la ruptura cultural/espacial territoriales propias de naciones históricas, o de su pasado colonial viene aceptando y reconociendo en sus constituciones y leyes los derechos consuetudinarios de estos pueblos y naciones que viven dentro de los territorios nacionales; fue el 13 de septiembre del año 2007 cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego de más de dos décadas de discusión entre los representantes de los Gobiernos de los Estados Nacionales.

Desde la creación de los Estados Nacionales los pueblos originarios del mundo han tenido que pasar por la tormentosa situación de esperar que sus existencias sean reconocidas con sus modos y maneras de vida, costumbres y leyes particulares, así como sus territorios y linderos. Es hoy la clase o sector de clase con el poder que le otorga el Estado Nacional quien le impone tutoría, sumisión y obediencia para respetar sus existencias.

En Venezuela las leyes escritas reconocen desde la Constitución de 1999 estos derechos universales y por la vía de los hechos estas prácticas jurídicas propias de cada unos de los pueblos vienen siendo reconocidas, por esta razón se permite que conflictos mayores o menores en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia los Puchipú Wayuu resuelvan los conflictos entre miembros de la misma casta o entre miembros de castas distintas; en el estado Apure, en el Lorsa hace unos dos meses en el poblado los Manguitos un Cuiba asesinó en una riña a un joven del pueblo Pumé hijo de un ex Capitán muy querido y respetado por su pueblo, y hace apena dos semanas un Pumé mató a un Cuiba en una borrachera, y es público y notorio que las autoridades del Estado gobierno no intervienen para nada, pues manifiestan que se trata de asuntos entre indígenas.

Los conflictos o crímenes en el pueblo Yukpa también se ventilan y resuelven entre las autoridades Yukpa, antes y después de denominado caso Sabino – Olegario ocurrido el martes 13 de octubre de 2009. Sólo que este caso concreto fue producto de un montaje entre sectores del Gobierno y los ganaderos/parceleros invasores del territorio del pueblo Yukpa en el marco del proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos indígenas y de la construcción sobre su territorio de un complejo sistema vial multimodal cívico militar/minero/energético resguardado por cinco Bases Militares ya en construcción en los denominados Centros Pilotos. Sabino y su gente estorbaban, hay que limpiar la zona de la resistencia indígena, de lo contrario estos mega proyectos no se podrán implementar.

La criminalización gubernamental por parte de la Ministra de los Pueblos Indígenas, del Viceministro del Ambiente, Sergio Rodríguez, del Ministerio de Relaciones del Interior y Justicia en boca del Ministro Tareck y de su abogada Ivett Ortega (representante del ministerio en la comisión regional de demarcación), así como del abogado del gremio ganadero GADEMA Alfonso Chacín (hoy unos de los abogados del cacique imputado de Guamo Pamocha Olegario Romero Romero) y el presidente del Frente Revolucionario Campesino para el Pequeños y Medianos Productores, Oscar Carrillo, el Consejo Legislativa del Zulia, el Rectorado de LUZ, el diario La Verdad y algunos programas de radio de emisoras de Machiques abonaron el terreno para permitir un desenlace violento que se veía venir en cualquier momento, tal como hoy la misma abogada Ortega con un supuesto encargado de las haciendas el Chaguaramo-El Higuerón denominado Miguel Arteaga vienen montando en la comunidad Koropo en la cuenca media del río Negro/Centro Piloto Toromo con la alianza una vez más del Ministerio Indígena.

Sin importarle, en primera instancia, a la abogada del Ministerio del Relaciones del Interior y Justicia Ivett Ortega, que el artículo 61 de la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas (LOPCI) prohíbe la ejecución de desalojo alguno mientras existan el proceso de demarcación de las tierras indígenas, mas al contario el artículo 46 obliga a la Comisión Nacional de Demarcación a pagar la indemnización al hacendado cuando exista un conflicto con los pueblos indígenas por tenencia de tierras, y, en segunda instancia, reunirse y acompañar a ganadero, o al presunto encargado, y a dirigentes Yukpa del Centro Piloto Toromo afectos a la Ministra Indígena a desalojar este próximo viernes 10 del mes en curso a los hermanos Yukpa de la comunidad Koropo de las fincas invasoras a su territorio ancestral Chaguaramo-El Higuerón que podría motivar enfrentamientos violentos como los que motivó este mismo ministerio el  martes 13 de octubre del año pasado en la comunidad Guamo-Pamocha.

Sabino y el resto de los indígenas presos en la Cárcel Nacional de Trujillo por decisión del magistrado Eduardo Ramón Aponte Aponte de la Sala Penal del Tribunal Supremos de Justicia sufren un juicio montado, amañado, viciado, político y monitoreado por el GADENA y el Estado gobierno muy en concreto en los Ministerios Público y de Relaciones de Interior y Justicia.
Este viciado juicio fue antecedido: a) por un largo proceso de criminalización contra los dirigentes Sabino Romero Izarra y Lusbi Portillo (2004-2009), b) por una posición parcializada y política por parte de responsable del CICPC Machiques, en cuya sede se torturó a Alexander Fernández Fernández para que culpara a Sabino y se auto culpara, c) por una detención ilegal y arbitraria a Sabino en el Hospital Coromoto de Maracaibo, por parte 4 funcionarios del CICPC Maracaibo y más de 20 efectivos de la Guardia Nacional orientada desde Caracas, d) por su secuestro (no se le permitía visitas de los abogados, prensa y familiares) por varios días en el Hospital Militar de Maracaibo, e) nunca hubo orden de captura ni documento alguno que manifestara la causa de su detención, f) nunca se la ha reconocido su condición de víctima, de herido, g) por un desequilibrio jurídico siete abogados/Fiscales acusadores asigna el Estado gobierno, hoy se nombró sólo tres fiscales, h) por nombrar un Fiscal enemigo de Sabino, Víctor Raúl Valbuena (hoy recusado), con fuerte inclinación a favorecer a los ganaderos y militares agresivos del Fuerte Macoa contra Sabino y su familia, i) porque el Fiscal 40, Víctor Raúl Valbuena, nunca permitió que Sabino tuviese copia del informe del caso que llevaba dicha Fiscalía relacionado con la muerte de su anciano padre José Manuel Romero donde se acusaba al presunto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas, j) porque la Jueza de Control del Circuito Judicial Penal de la Villa abogada Judith Esperanza Rojas, que negó la justicia indígena, la reconstrucción de los hechos y la presencia en el juicio de académicos expertos en la cultura y jurisdicción Yukpa, pertenece al sector ganadero, k) porque Sabino y Alexander durante la estadía de 10 meses en instalaciones del Fuerte Macoa de Machiques fue torturado sicológicamente, l) porque la esposa, hijas y hermanas de Sabino fueron obligadas a desnudarse en presencia de los soldados y su hija Guillermina Romero Martínez en el mes de diciembre del año pasado casi fue violada por uno de los soldados que controlan la visitas (denuncia formulada en la Fiscalía 2 y 3 de Maracaibo, el caso engavetado), m) por más de 10 meses de mora por parte de la Magistrada Ponente y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Dra. Luisa Estella Morales para responder al Amparo Constitucional introducido ante la Sala Constitucional el 10 de marzo del presente año por los abogados de Sabino y Alexander, n) por responder al Amparo Constitucional a través de la pagina Web 10 días después de la toma de una de las puertas de las instalaciones del TSJ por más de 90 indígenas Yukpa y dirigentes sociales de todo el país, ñ) porque el cuestionado y hartamente denunciado Magistrado Aponte Aponte utiliza la Sala Penal del TSJ para erradicar el juicio en el estado Trujillo valiéndose de dos mentiras: una supuesta conmoción pública en las comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá y porque las actividades y acciones de los grupos sociales solidarios con los Yukpa, que ahora estamos y permanecemos en Trujillo, estábamos socavando la neutralidad del juicio realizado en la ciudad de Maracaibo, o) porque esta decisión en verdad sirvió para quitarle el juicio a la Jueza Erika Carroz del Circuito Judicial del Zulia por manifestar verbalmente y por escrito que ese juicio debería realizarse en la jurisdicción especial indígena Yukpa de acuerdo a los criterios de los abogados defensores y a la Constitución, así como el traslado de los imputados a un lugar de reclusión más consonó a su condición de indígenas, conforme a la ley y a los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela, p) porque el Juez del Circuito Judicial de estado Trujillo Antonio Moreno Matheus violando la LOPCI y el Convenio 169 de la OIT suscrito por Venezuela enviando a los tres imputados indígenas a la Cárcel Nacional de Trujillo, q) porque que dicho Juez niega la jurisdicción especial indígena, tal como hizo en su momento la Jueza de Control Judith Esperanza Rojas y r) todo este formato es monitoreado por el Ministro Tareck del Ministerio de Relaciones y Justicia que manifiesta públicamente que estos hechos violentos acaecidos el martes 13 de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha nada tienen que ver con el proceso de demarcación de tierras indígenas, y que no se está violando los derechos indígenas, manifestó en reunión con caciques Yukpa en el Tukuko el viernes 30 de julio  porque en caso de narcotraficantes y asesinos la jurisdicción a aplicarse en Venezuela es la ordinaria, no la indígena, esta interpretación nada tiene que ver con la verdad jurídica y científica; los dirigentes dignos que le replicaron en la reunión intentaron ponerlos presos los caciques afectos al Gobierno y miembros de Consejos Comunales por orientación de la Ministra Indígena también presente.

Por: Beatriz Pantin Guerra

yukpa-caribe. foto; aguaelluevia

Habiendo seguido de cerca el caso del cacique yukpa Sabino Romero Izarra desde el 13 de octubre de 2009 y, recientemente, el caso de Williams Sanguino, en donde como respuesta extrema a la situación de injusticia ante este caso, su hermana decidió librar una huelga de hambre –hecho que nos preocupa, así como la actual condición de Sabino y su familia, y de las otras comunidades yukpa, familiares y allegados a los yukpa detenidos–, nos preguntamos: ¿Qué papel está jugando en este proceso tanto el Poder Legislativo como el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia? Mejor dicho: ¿De qué manera están actuando o cuáles son los mecanismos que ambos entes estatales están activando para que los debates y los hechos acerca de la justicia, o más propiamente, de lo justo, lo injusto, el ejercicio del derecho y la soberanía, queden fuera de todo lugar o de toda posibilidad? Estos poderes y organismos gubernamentales vienen impidiendo de la manera más descarada, es decir a los ojos de todos lo que acompañamos solidariamente estos casos o hemos sido testigos de otros tantos enredados en el laberinto de un sistema judicial resquebrajado, que se lleven a cabo los debidos procesos, y más aún, que se apliquen leyes tales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Patrimonio o, en especial, la Ley Orgánica para los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), que para el caso de los yukpa y de todas las comunidades indígenas del país, les otorga el derecho, entre otros derechos, de ejercer su propia jurisdicción.

Varias de las preguntas son: ¿Por qué se promulgan leyes que abren la expectativa del derecho pero que no se aplican? ¿A qué se debe este juego? ¿Qué tipo de mecanismo dicta la promulgación de múltiples leyes, si son los planes que paralelamente se llevan a cabo a través de este Ministerio de Interior y Justicia, como por ejemplo el plan yukpa, los que verdaderamente rigen y deciden sobre el destino de los indígenas sin previa consulta popular o mucho menos sometidos a discusión o consideración? ¿No son las leyes mecanismos de represión y su interpretación siempre acomodaticia a los intereses de los grupos dominantes? Es claro que aquí las leyes hacen de fachada, o como demostró Michel Foucault en sus análisis acerca de la gubernamentabilidad, se constituyen en un mecanismo estratégico o táctico que responde a una de las tecnificaciones más recientes del poder gubernamental que atiende no al ejercicio de la soberanía, sino al control de la población a través de organismos como la policía, mecanismos como la disciplina, la obediencia o los discursos e instituciones que marcan la pauta de la censura y autocensura.

Sabino lucha por recuperar su territorio ancestral, su derecho por la tierra, y por la vida en comunidad, cuestión que por años, por siglos, ha sido la causa primera de lucha de las comunidades indígenas en toda la América y regiones colonizadas, cuestión muy distinta al hecho de la propiedad privada, y a toda la lógica que implica la privatización. En esta coyuntura de otorgarle o no el derecho a los indígenas por sus tierras, algunos intelectuales que conocen la historia de las comunidades indígenas, se cuadraron no con los indígenas, si no con el fortalecimiento de un Estado nacional burocrático, de un poder gubernamental, que por ende niega la aparición de toda posibilidad real de diversidad y pluriculturalismo, pues un Estado pluricultural implicaría la aceptación de otra administración del poder o de los poderes. Los que apoyan estas acciones que van en contra de los intereses más justos y genuinos de las comunidades y los pueblos que quieren acabar con la explotación, con la opresión, no han querido recordar que el Estado nacional ha sido, como continuidad de la estructura colonial, uno de los principales mecanismos de exclusión de toda nuestra historia. El Estado-nacional moderno es el resultado de una unidad homogénea que deja fuera toda la heterogeneidad, la posibilidad de coexistencia, armónica o contradictoria, de nuestras diferentes culturas e identidades.

Al no representar a Sabino en esta lucha, el Estado-gobierno asume la misma lógica colonialista que ha imperado por siglos en nuestro continente, promoviendo por encima de todo derecho y justicia, el sistema de explotación y militarización de la zona, abriéndole camino a los planes intercontinentales, a las trasnacionales de viejos y nuevos socios, ignorando, despreciando, aplastando, la importancia de otra economía y otra productividad de corte artesanal, comunitario, de pequeña y mediana industria, de defensa ambientalista, ecologista, educativa, creativa, diversa. De un sistema judicial totalmente corrompido, mercantilizado, resulta para rematar, que todos los protagonistas de estos casos, además de haber perdido todo derecho dentro del sistema que supuestamente lo sostiene (el judicial), pues sus procesos han sido violentados y violados por el mismo Estado-gobierno, están siendo criminalizados a través de las declaraciones de los funcionarios y de representantes de los intereses económicos en los medios masivos –tanto en los medios de los opositores como los de los oficialistas aparece la resistencia criminalizada–, bajo la mecánica siempre acomodaticia de establecimiento de alianzas políticas para la defensa de los intereses que garantizan su sostenimiento y economía, utilizando, los periodistas convencionales, a los implicados, para la redacción de sus noticias y tubazos, sin importarles la diferencia entre lo que es verdad y mentira, y sin considerar tampoco el daño que le pueden hacer con sus publicaciones a ellos y a sus allegados. Todo esto deriva en un lenguaje, un discurso policial, que habla de criminales y no de derechos y responsabilidades.

Uno de los desafíos entonces está en poder deconstruir los mecanismos de control que se ejercen a través de un sistema legislativo corrompido, de un ministerio o unos ministerios, de un estado-gobierno burocratizado que atenta sobre el derecho y la soberanía de los pueblos aunque hable en nombre del pueblo y se intente encarnar él mismo en el pueblo y como pueblo. El Estado-gobierno no es el pueblo. Un Estado-gobierno no constituye, no encarna, la diversidad y las resistencia de los pueblos. Por eso, el caso de Sabino es el que pone en evidencia, de la manera más clara y contundente, los verdaderos intereses de todos y cada uno de los entes gubernamentales y empresariales que siguen operando bajo la misma lógica de un Estado-gobierno que no ha modificado el modelo económico colonial, capitalista, corporativista, militarista, explotador y destructor, de las trasnacionales, del juego de los préstamos, inversión, especulación y acumulación de capitales, de la lucha por el dominio de las propiedades y los medios de producción, de las concesiones y explotación, del control de la producción y el consumo, del pensamiento y la ideología de lo apoteósico, del sueño delirante de construcción de un imperio o una posible potencia mundial de apología militarista, armamentista, cuando lo que queremos algunos, tal vez no la mayoría, es un sistema de vida muy diferente que tenga como centro lo mediano y lo pequeño, la libertad, lo fraternal, lo equilibrado, lo creativo, lo productivo, la resistencia al dominio, a la opresión y a ser gobernados, peor aún, impositivamente.

En conclusión, no apoyamos ni consolidamos una política, lleve el nombre que lleve, que no pueda acabar con el modelo colonial de explotación y acumulación, sea de gubernamentabilidad privada o estatal, sea de ideología burguesa, liberal, conservadora o comunista. El hijo de Sabino, Sabino Romero, dice siempre que no podemos morir callados, y él nos ha venido enseñando que las cosas son como de verdad se piensan o se sienten y no como nos ha acostumbrado el sistema, a vivir y a manifestarnos desde la sofisticación de lo burocrático, de lo mediatizado y acomodaticio, es decir fuera de toda relación con nuestra verdadera subjetividad y nuestro verdadero horizonte. Por eso es necesario que abramos este y otros debates relacionados con los mecanismos de control que no sólo se activan a través de la palabra o el discurso del presidente, sino que también se han venido estableciendo a través de acciones muy concretas como los planes de la nación, las estructuras de organización social prefabricadas, los proyectos de financiamiento.

El debate que es urgente iniciar a nuestro juicio es el de los mecanismos de poder y control social actuales; localizarlos y analizarlos sin ningún tipo de temor, pues dentro de los procesos verdaderamente emancipatorios nunca podrá cederse a la obediencia ciega y oportunista, a la sumisión, al abandono del propio criterio, de los debates, las discusiones, de los espacios en que se manifiestan los estadios de crítica y autocrítica, de conocimiento histórico, económico, cultural, de memoria, etc., a dejar, en pocas palabras, la verdadera resistencia a cambio de cualquiera de los privilegios que otorga un poder que implica siempre y necesariamente dominación. Quisiera entonces llamar a estos debates sobre poder, control social, gubernamentabilidad y resistencia, al sentido común y estratégico para poder entender qué está pasando en el país y a cargo de quiénes está siendo administrada una “justicia” que no persigue lo justo ni permite que se establezca el derecho o la soberanía. Es importante agregar para la reflexión, que como Sabino, muchos de los que están siendo maltratados en los procesos judiciales y en otros procesos que forman parte del actual proceso, se sienten revolucionarios y creen todavía en el presidente. Ven a un presidente bueno, pero engañado por sus funcionarios. Vale recordar que el presidente no atendió a los indígenas en la mayor marcha que hicieron a Miraflores (año 2005), ni los ha recibido hasta hoy, más le importan los ahorristas del Banco Federal.

Los indígenas están a cargo de funcionarios que no saben nada de su historia ni de su cultura. Los indígenas y otros pueblos y comunidades están a cargo de un gobierno que no conoce la historia de lucha de la resistencia latinoamericana, de la que va más allá de un Ché o un Fidel, de un Lenin o un Marx, de la que se relaciona mucho más con el esquema zapatista, latinoamericanista, heterogéneo, diverso. ¿Qué diría de esto un Evo Morales, o a Evo tampoco le importa?

Ruben González

Por: Enrique Marín Quijada* (Correo del Caroní)
Tomado de laclase.info

El 3 de septiembre debió tener lugar la audiencia de juicio para resolver el caso de Rubén González, secretario general de Ferrominera. Ese día debió haberse producido la primera sentencia penal en el país, por la participación de un dirigente sindical en un conflicto laboral. Pero el suspenso sigue: no hubo sentencia, la audiencia prevista para el viernes pasado ha sido diferida para el 4 de noviembre, si acaso. Y mientras tanto Rubén González sigue preso.

¿Qué podemos pensar de toda esta historia? ¿Qué pasa en este país, que se ha envenenado tanto, que ahora por protestar te pueden dar el trato de un delincuente, así hayas sido honorable toda tu vida?

Lo primero que viene a la mente es el reflejo miope que todos vamos desarrollando a medida que la crisis se instala y nos invade: ¿asaltaron a fulano y le quitaron los reales y lo amenazaron de muerte? ¡Qué tipo tan sortario, fíjate que no lo mataron! ¿No sentenciaron a Rubén? ¡Qué suerte tuvo, porque lo hubieran podido haber condenado!

Pero después no podemos evitar una reacción de rabia. ¿Quién le devuelve a Rubén esos meses de vida perdidos en un cautiverio inútil e infamante? ¿Con qué derecho se le mantiene ahora en prisión sin un pronunciamiento sobre su caso? Sine diae, además, porque nadie asegura que su calvario terminará el 4 de noviembre, pues ya había habido un primer diferimiento y no hay razón para pensar que no habrá otro u otros. ¡Rubén puede morirse de viejo esperando su sentencia!

¿Qué ocupaciones preferentes pudo tener el Tribunal para elegir dejar preso a Rubén, sin decisión? Este es un caso de máxima importancia y el Tribunal lo sabe. Está en juego la libertad de un ciudadano, de un dirigente sindical, que por tanto tiene amparo constitucional. Pero además está en juego la situación de más de un centenar de trabajadores y dirigentes, procesados como Rubén, por protestar, y atentos a la sentencia que le dicten, pues a ellos les puede ser aplicada la misma medicina. Que nadie se llame a engaño a este respecto. La gran diferencia que distingue a Rubén es que a él lo han juzgado en la cárcel.

Pero no sólo está en juego la situación de ciudadanos por haber protestado. También lo está la imagen del Estado, que parece no tolerar el ejercicio de libertades públicas. Y está en situación muy riesgosa la jueza de la causa. Una decisión absolutoria puede hacer pensar en el caso de la jueza Afiuni. Una decisión condenatoria puede generar insolubles problemas de conciencia. Y todo el cuadro debe significar un drama para la defensa, por la impotencia en que se le coloca, que ni siquiera puede obtener para su cliente la libertad condicional que se ha dado a los demás procesados por protestar.

La maquinaria represiva que fue puesta en marcha para criminalizar la protesta, con ayuda de togados, ha ido demasiado lejos y ha terminado entrampando a procesados y funcionarios. Es hora de terminar esta locura, con valentía; de cerrar estos procesos-tramoya, y de que los Rubén-González vuelvan a disfrutar de una paz plena.

*Profesor de normas internacionales en la UCV
enrique.marinq@gmail.com

Alan García

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Alan García, presidente de Perú (ayuda) – 37 seg. (288 KB)

En declaraciones a la cadena televisiva CNN, el mandatario afirmó que “si los estadounidenses quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros y entrenadores de satélite y de comunicaciones en Perú, en buena hora”.

Además, García crítico al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por no brindar ayuda económica a Perú. Aunque, reconoció el envío de 37 millones de dólares anuales por cooperaciones en la lucha contra el narcotráfico.

Por otra parte, el Presidente de Perú señaló que “está muy bien ayudar a Colombia a vencer al narcotráfico, que es la fuente del terrorismo”.

Ante las declaraciones de García, el ex parlamentario socialista, Javier Diez Canseco, culpó al mandatario de querer implementar un “Plan Colombia” para Perú.

Ante las diferentes criticas recibidas, la Secretaría de Prensa de Perú publicó un comunicado donde asegura que cualquier país podría colaborar con el narcotráfico “siempre y cuando estén bajo el comando del Perú”.

El pasado mes de agosto, la socióloga, Alcira Argumedo, confirmó la presencia de bases militares en Perú. Explicó que “la antigua base de Manta en Ecuador, fue trasladada hacia Perú”.

Por otra parte, este lunes organizaciones de Derechos Humanos fustigaron la sanción de una norma que permite que procesados por crímenes de lesa humanidad salgan en libertad.

La ley, promulgada por el presidente Alan García, adelanta la vigencia de “algunos artículos” del Nuevo Código Procesal Penal para los temas que impliquen la violación de Derechos Humanos. (PÚLSAR)

Juan Carlos La Rosa Velazco

Queridos compañeros, hacemos algunas preguntas y reflexiones respetuosas a la luz de el planteamiento: “queremos diputados como Fabricio Ojeda”.

Este plantamiento lo escuchamos en el seno de algunas organizaciones populares, con miras a impulsar una posición en la internas del PSUV, habida cuenta de que aún muchos militantes revolucionarios estan en sus organizaciones de base y están en inscritos en el PSUV, no sabemos aquien se le ocurrió pero su solo enunciado denuncia al menos discretamente la calidad de la representación chavista en la Asamblea nacional actual

El resultado es que este planteamiento no llegó a tener relevancia política en el seno del PSUV, donde un programa bien orquestado separó el debate del hecho electoral, dejando este último escenario a la disputa silenciosa de las fracciones clientelares y alejando el debate de las ideas del escenario mas protagónico y administrando otros escenarios para un debate ideológico controlado y esteril. El resultado es la derrota casi absoluta de todas las inicitivas de aspirantes venidos del campo social y de la izquierda ante las maquinarias regionales y nacionales ligadas al poder clientelar.

¿Dependen los diputados propuestos en las planchas del PSUV de la voluntad popular o de la voluntad de las las maquinarias que los pusieron en las planchas para ser electos? ¿la voluntad popular se expresó en las elecciones internas del PSUV o se expresó la voluntad de los intereses corporativos, no sociales, si clientelares enquistados en el aparato burocrático?

Es cierto que hubo en esas elecciones una amplia base, ¿pero a favor de quienes se está legitimando el funcionamiento de esa estructura partidista de base? Los adecos tuvieron la mas formidable base social respaldada por una cultura política arraigada en el pueblo, sin embargo su partido evolucionó, sin perder la base popular, en un partido clientelar, administrador lacayo de los intereses imperiales en nuestro país, pese a que en su seno militaron voces muy lúcidas y antimperialistas y verdaderos dirigentes sociales.

En la dirección del PSUV no hay un solo dirigente social y eso desde su nacimiento. Nadie vinculado verdaderamente a una organización de base que no sean los aparatos clientelares traga monedas creados desde arriba por la propia burocracia del ejecutivo. El PSUV no es la AD de los primeros tiempos, es la AD de los últimos.

Poniendo la lupa al proceso democrático de base en el PSUV, la mas optimista de las miradas solo puede elogiar la formalidad electoral interna, pués no tenemos conocimiento de ninguna idea ni corriente social y popular expresada en esas primarias. Ni siquiera se ve remotamente una corriente ideológica definida, solo ha ocupado lugar un masacote informe adocenado por las relaciones clientelares y cuidadoso de no arriesgar ante Chávez y ante los jefes de la maquinaria el lugar “conquistado”. No están permitidas ni las impertinencias, el PSUV es un desierto de pertinencias uniforme y sin espigas, las tijeras del rey están en descanso.

El movimiento social autónomo que protagonizó y fabricó la rebelión esta desaparecido y desmantelado, solo las emergencias de la dignidad nos mueven ( Sabino ,Ruben, Argenis, Sanguino,…), pero el mismo temor de los militantes frente a su gerarcas y a su jefe máximo lo tenemos frente a la relación establecida entre las organizaciones y las instituciones.

Creemos que basta con replegarse al trabajo de base sin cuestionar politicamente a la burocracia corporativa, no vemos el camino político de la unidad alrededor de las luchas, porque tememos sacrificar lo que creemos un acumulado, pero este acumulado se nos disuelve en las manos frente a cualquier clón orgánico inventado a realazos por la burocracia, como las guerrillas comunicacionales o el frente de lo que sea. No hay acumulado orgánico sin identidad política.

Hay de todo en nuestra confusión: desde la timidez conservadora de “refugiarse en el trabajo de base” hasta el descaro de asumir las luchas de otros para después negociarlas a favor de intereses pragmáticos, como hicieron varios agrupamientos clientelares en la crisis de la detención de Sabino Romero. Creando un paralelo comunicacional que contribuyó a criminalizar a los luchadores.

Mencionamos a Sabino que es un indígena, mencionamos a Rubén, que no tienen otra identidad que su lucha y que han sido chavistas y amigos del proceso caidos en desgracia por su consecuencia probada a favor de los suyos. Son chavistas presos porque nadie pudo comprarlos, Nunca mencionamos al compañero Carlos Chancellor porque es de dudosa condición política, no porque no haya luchado, sino porque no tiene ni ha tenido el novísimo pedrigrí chavista y porque comete los mismos errores que cometemos los que vamos a votar por el PSUV, pero votando por el PPT. Lo condenamos por lo que nos une a el, es el mismo error visto desde los intereses populares y de clase.

Olvidamos que mas allá de las limitaciones y virtudes de cualquier luchador, sea Fabricio, Ruben, el jóven Sanguino o el cacique Sabino, están los intereses comunes de los trabajadores y del pueblo, nuestras luchas y nuestra sed de justicia y que el proyecto revolucionario es la suma de las aspiraciones fraguadas en las luchas de siempre, y que no siempre se expresan de forma consecuente en los liderazgos grandes y pequeños que el pueblo va empujando para avanzar.

Cuando el mar, con la corriente alta, arroja un objeto en la arena de la playa y se repliega, el papel de ese objeto es representar al mar, sonar como el mientras la marea vuelve, como lo hacen las conchas de los grandes caracoles. el mar indetenible va oradando la costa, y las conchas vuelven al seno del mar a disolverse en su fuerza. Cuando alguien se las lleva solo sirven para sostener puertas y decorar, aunque sigan sonando.

¿De donde vienen los candidatos del PSUV, todos ellos o cada uno? del mar de la multitud, de la olas de la lucha o de las cloacas de la burocracia?. ¿En que tienda compraron la guayavera roja?. pásennos el dato.

¿Como pedirle a la Candidata Garcés que cante el sonido del pueblo si ella es quien le lleva, “le baja” el sonido al pueblo, el pueblo no le da sonido. No lo hizo la Chiche diputada, en un periodo parlamentario no hizo sino mascullar de vez en cuando consecuencias que sin conexión con el pueblo y su lucha concreta son ideas disecadas. Respeto su oficio y su consecuencia y pido sus disculpas, pero es un buen ejemplo de lo que decimos. Simbólico. Porque si se calla el cantor calla la vida.

Hasta cuando esta tontería de poner las disciplinas por delante del compromiso, la disciplina revolucionaria verdadera nos ordena disentir, criticar, debatir mientras hacemos y luchamos, ver a todos como iguales, no permitirle a nadie el privilegio de estar por encima de nadie en el debate de las ideas y en la toma de decisiones y mantener la unidad de acción en una línea construida desde la conciencia y la razón de todos.

Este caso es el caso de toda la Asamblea Nacional actual donde hay que averiguar en vos baja quien al menos se siente de izquierda, porque nadie, nadie ahí está dispuesto a correr el riezgo y condena que representa el hablar por ejemplo: de Sabino, de Rubén González, de Carlos Chancellor, de Argenis Vásquez, si antes alquien no les garantiza que esto tendrá el debido consentimiento.

Un ejemplo: mientras Sabino y sus compañeros estaban siendo condenados politicamente por el TSJ, negándole la justicia por las leyes de su pueblo, como lo garantiza específicamente la Constitución y la ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en los delitos específicos por los que es juzgado Sabino y que señala específicamente también que las instancias de juscticia serán las que su pueblo se ha dado tradicionalmente, sus propias instituciones ancestrales. Los diputados de la Asamblea nacional arrancaron un debate sobre la creación de la jurisdicción especial indígena como para disculparse, sobre todo los indios de adorno, tridores de la causa indígena que están ahí. Esto su se concreta en este período o en el otro, dará como resultado la creación de tribunales especiales con traductores y jueces para los pueblos indígenas (con sueldos y cesta tickets), ampliando la base burocrática del poder judicial y anulando la autonomía de los pueblos indígenas.

Queremos unirnos a estas líneas sin esperanza y preguntarle a estos candidatos: ¿cual es su agenda de lucha como diputados? porque sabemos que no tienen una previa a su condición de candidatos, támpoco tienen una opinión propia o una palabra conocida sobre ningún tema de país ni de pueblo. Ya diputados es evidente que no pasarán la prueba y acordaran una agenda de confrontación con la oposición agena a los asuntos del pueblo y de su proceso, proque ellos y el estado gobierno saben mas quel pueblo de sus asuntos.

Pero queremos pedirle a todos los compañeros y compañeras que nos preguntemos de inmediato: ¿ cual es nuestra agenda común de lucha como organizaciones del pueblo, como colectivos revolucionarios?

A construir sin permiso, que no lo tendremos. de inmediato o perdemos todo.

Juan Carlos La Rosa
Cuento, Fiesta y Candela
Otra política, ciencia y palabra del pueblo, es urgente!

Más de mil años tienen asentados los Yukpa/Caribes en la Sierra de Perijá, desde que salieron de “la ribera norte del bajo Amazonas”. (Lathrap, 1970 en Rudddle y Wilbert 1983: 45). Mil años de lucha, y guerras infinitas por un pedazo de tierra como los Palestinos hoy, más las cuatro siglos (Durbin y Seijas, 1975: 74 en Ruddle y Wilbert, 1983: 45) que les antecedieron en su largo desplazamiento de unos 4.000 años aproximadamente del norte del río Amazonas a la Sierra, su piedemonte y sus tierras llanas en ambas vertientes colombo venezolana.

Su historia oral nos habla de sus lucha por la tierra con unos primeros pobladores de las montañas perijaneras, los Manapja talladores de piedras, y la historia escrita ubica su resistencia a mediado de 1600 con la llegada de los conquistadores españoles al piedemonte de la Sierra de Perijá, en especial al Valle de los indígenas Caribe Macoaes o Macuayes, cuya ocupación se inició en firme a mediados de 1733, a partir de la fundación de la Villa del Rosario con familias procedentes de las islas Canarias por el colonizador de la vascongada el Cabo Principal Don Juan de Chourio en 1772 (Matos, 1956: 21). Pero no fue hasta 1872 cuando se logró el desplazamiento de los Yukpa del Valle cuando las tropas de Venancio Pulgar incendiaron la  Villa del Rosario y obligaron a los descendientes de los canarios a desplazarse sus hatos al sur y fundar Machiques y a sus moradores indígenas a internarse en la Sierra de Perijá (Matos, 1956: 27).

Luego de la perdida de gran parte de los territorios de los pueblos Barí y Yukpa (1910-1940) por los trabajos de exploración y exploración por parte de las trasnacionales petroleras, en 40 años, desde el río Apón hasta río Zulia, entre los años 1931-1971, los hacendados con la ayuda del Estado gobierno transformaron los bosques de Perijá en potreros. Todo se aceleró, desde el norte cuando los señores Joaquín T. Mac Gregor (Presidente del Banco Maracaibo en el período 1945-1948), Dr. Régulo March, Sr. Levi Romero, Samuel Meléndez y Emilio Socorro se reunieron el 15 de enero de 1931 con el Gobernador del distrito de Maracaibo Coronel Humberto Méndez en su casa para solicitar ayuda económica y política con el fin de explorar y reconocer las tierras llana de la Sierra de Perijá, para “estudiar la región  para el desarrollo de la agricultura”. Según la revista Farol “Joaquín Mac Gregor, entusiasta promotor de la civilización  de los indios perijaneros, (Creole; 1945).

Estos señores son pioneros del robo de tierras originales  del territorio del pueblo Yukpa emprendida por Juan de Chourio en 1722, y asumida a su muerte en 1757 por su heredero Don Manuel García de la Peña (Peña, 1998: 57).

Teodoro de Booy en 1918 afirma que ningún habitante de Machiques se aventura más allá de Los Cañitos, potrero situado en las márgenes derecha del río Yasa, hacia el sur de la ciudad (Booy, 1918: 487). En 1937 Bolinder cuando atravesó la Sierra de Perijá desde Colombia hacia Venezuela a través del río Negro, también asegura que los criollos no habían logrado pasar el río Yaza (Bolinder, 1958: 24).

Gómez le entrega a la familia García las tierras de los Yukpa de río Apón. En plena dictadura, como en aquellos tiempos solía hacerse con los amigos del régimen (Rodríguez, 1983:35), el 18 de agosto de 1920, en Gaceta Oficial Nº 14.142, el Presidente Provisional de los Estados Unidos de Venezuela, Vitorino Márquez Bustillos, le adjudica gratuitamente a los hermanos José Trinidad García y Joviniano García tres lotes de terrenos de 4.500 hectáreas de superficie al este del piedemonte de la Sierra de Perijá con indios, bosques, montañas, fauna y ríos. Son hoy sus descendientes directos los actuales dueños de la hacienda El Capitán (Portillo L. 2001).

Los linderos de la hacienda El Capitán nunca dejaron de “caminar” hacia las tierras indígenas tal como atestigua hoy la cadena predial de dichas hacienda y Helmuth Straka B.: “Vino corriendo un muchacho a avisarnos que los peones de una hacienda vecina, (Aponcito, hoy El Capitán) –otra vez-, adelantan el alambre de púas, para robar así nuevamente tierras a los más puros americanos que existen. Y, naturalmente, sin pagar ni un centavo” (Straka, 1980:20).

Afirman los antropólogos Ruddle y Wilbert “Los ganaderos que anteriormente habían estado guerreando con estos indígenas, siguieron con su colonización de las tierras bajas y, para 1946, habían alcanzado el río Tukuko, antiguo límite meridional del territorio Yukpa” (Ruddle y Wilbert, 1983: 46).

Los Yukpa de la cuenca media del río Yaza, especialmente el subgrupo Parirí perdieron todas sus tierras llanas durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en manos de la familia Vargas.

El 90% del territorio original del pueblo Barí entre 1.910 y 1.983. Entre 1.910-1.940 les despojaron de 6.300 Km2 (16.000 km2 – 9.700 km2) las empresas petroleras trasnacionales SHELL, CREOLE Y COLPET, en sus tierras se fundaron: Los Campos Río de Oro, Casigua, Campo 1, 2 y 3, Rosario, Puerto Barco, Tibú y Alturitas, Caminos, Vías férreas, Oleoductos. Entre 1.940-1.983 les despojaron los hacendados, campesinos y parceleros y ex trabajadores petroleros de 7.800 Km2 (9.700 km2-1.900 km2). Perdieron las tierras en río de Oro, Catatumbo, Socuavo, Tarra, Lora, Tibú, Aricuaizá, Santa Rosa y Negro (Beckerman, S y Lizarralde, R, 1982: 3-53).

Hoy el pueblo Yukpa basándose en el artículo de 119 y las Disposiciones Transitorias Decimosegunda de la Constitución le exige al Gobierno una extensión de tierra como territorio de 250 mil hectárea aproximadamente, la mayoría altas montañas hacia Colombia, espacio que nada significa en superficie si lo comparamos con el espacio solicitados por otros pueblos indígenas de Venezuela como el Yekuana que autodemarca 3 millones de hectáreas o el pueblo Pemón 9 millones; o en Colombia donde el Gobierno ha reconocido 20 millones de hectáreas o Brasil 91 millones.

El pueblo Yukpa está presionado por su crecimiento demográfico a buscar nuevas tierras o a rescatar parte de su territorio ancestral invadido recientemente por ganaderos y parceleros, por esta razón la solicitud de retomar el lindero inmediato Este donde solicita unas 30 haciendas y 50 parcelas en baja producción la mayoría. Sus anteriores conucos están agotados, los jóvenes para poder contraer matrimonio necesitan tierras para cultivar. El espacio donde quedaron confiscados por la violencia terrofágica ganadera/Estado es hoy muy pequeño. Según los Censos Indígenas de Venezuela de 1992 y 2001 y estudios recientes han señalado que la población Yukpa han crecido 149,8% en 10 años (Acuña A, 2008: 179).

CNT centenario.

El día 1 de Noviembre de 1910, en el local barcelonés del Círculo de Bellas Artes, quedó constituida la CNT (Confederación Nacional del Trabajo). Esta Organización, heredera de la Regional Española de la 1ª Internacional (1870), nació del propio seno del Movimiento Obrero como la primera organización sindical autónoma en este país.

Asumiendo el lema internacionalista “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, o no será”, la CNT se hizo depositaria de la rebeldía popular que, como una corriente soterrada, se opone al poder a lo largo de los tiempos, para emerger triunfante en momentos concretos desde el imperio medio egipcio a la Revolución Francesa, germen de los únicos procesos históricos en que la humanidad avanzó notoriamente por la senda de la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad y el progreso.

Sobre el sencillo acuerdo de crear una organización obrera independiente de los poderes políticos, religiosos y económicos, como condición indispensable para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores hasta el fin de la explotación, comenzó la CNT su actividad anarcosindicalista. En pocos años aglutinó la mayoría del movimiento obrero, consiguiendo importantes conquistas sociales y económicas que constituyen ya un legado de valor incalculable para la sociedad actual.

La jornada laboral de ocho horas, la jornada semanal de treinta y seis horas, la erradicación del trabajo infantil, la igualdad de la mujer y la incorporación a los quehaceres diarios de valores como la solidaridad, el federalismo, la ecología, el feminismo, el amor libre, el antimilitarismo, el ateísmo …, hoy tan en boga, son parte de ese legado que alcanzó su cenit en la Revolución Social de 1936, cuando la utopía -el comunismo libertario- se convirtió en modo de vida cotidiano de todos los territorios liberados

La reacción del capitalismo internacional, permitió al ejército fascista de Franco convertir ese sueño revolucionario en una pesadilla de cientos de miles de personas perseguidas, asesinadas y desaparecidas, tras la victoria golpista en 1939. Mas ni uno solo de los culpables – todos conocidos, algunos políticos en activo- de aquel régimen de terror, uno de los más criminales de la historia, resultó tan siquiera públicamente reprobado, merced al vergonzoso pacto de impunidad con el franquismo, que la izquierda nacional democrática (PSOE, PCE, UGT y CCOO) selló en sus acuerdos de rendición al capital, conocidos como “la transición española” (1977).

Pese a todo, el pueblo siguió defendiendo, muchas veces con su vida, los sencillos principios del anarcosindicalismo: independencia, autonomía, federalismo, autogestión, asamblea, solidaridad y acción directa, es decir, autoorganización para rechazar toda injerencia de partidos políticos u otras instituciones económicas, religiosas, etc. en los asuntos obreros. Huelgas, manifestaciones, represión y tortura fueron la crónica diaria de la dictadura (1939-1976), hasta que con su desaparición el movimiento obrero volvió ilusionado a reconstruir su anhelada CNT (1977). Vivimos nuevos años de incesantes conquista obreras. Las jornadas de Montjuich, o San Sebastián de los Reyes, jalonaron el poderoso renacer confederal en la década de 1970.

El avance del movimiento obrero, de nuevo autoorganizado por la CNT, mediante luchas ejemplares como la huelga de gasolineras de 1978, suscitó la reacción del capitalismo, esta vez apoyado en el estado democrático y su aparato institucional (gobiernos, partidos, jueces, burocracias sindicales, …). El éxito sindical de la CNT fue reprimido policialmente (Caso Scala, 1978) y junto a campañas de silencio y propaganda difamatoria en los medios de comunicación, generaron desastrosas consecuencias para el movimiento obrero de este país.

La debilitación de la presencia anarcosindicalista en el  movimiento obrero posibilitó la pérdida de derechos adquiridos tras una larga y dura lucha sindical,  por la desregulación y precarización laboral implantadas con la peor de las corrupciones que asolan el país: La Corrupción Sindical. Una corrupción oficialmente silenciada, que pervierte el sindicalismo en general a los ojos de los trabajadores, pero que es protagonizada fundamentalmente por los sindicatos institucionales- CC.OO y UGT-, cuyos “yuppies” sindicales cobran subvenciones y sumas millonarias a gobiernos y empresas como pago a su traición, por aceptar cuantas medidas se adoptan en defensa del capital y su creciente acumulación de beneficios ( EREs, Reformas Laborales, despido libre…)

A pesar de todo, miles de trabajadores y trabajadoras seguimos hoy en esa genuina organización obrera a la que llamamos CNT, manteniéndola exclusivamente con nuestros propios medios, convirtiéndola así en el único ejemplo vivo de sindicalismo de clase, capaz de enfrentarse a la opresión y el control social, la destrucción ecológica del planeta y la sobreexplotación económica, aspectos todos, inherentes al Capitalismo.

2010 tiene para nosotros una connotación especial: se cumple un siglo de existencia de la CNT. Es el centenario de un pueblo y la inestimable lucha de miles de personas, que a lo largo de estos cien años se han dotado de una herramienta ejemplar, a seguir para la clase obrera mundial, por su cultura propia, capacidad autoorganizativa, lucha radical, extensión popular y realizaciones revolucionarias en aras a construir una sociedad antiautoritaria y solidaria.

Caracas,.- En horas de la noche del jueves, 2 de septiembre, un grupo de activistas que pegaban afiches denunciando la criminalización de la protesta social fueron detenidos por la Guardia Nacional “Bolivariana”, en los alrededores de la Fiscalía General de la República, en Caracas.

Según la denuncia de algunos de los 8 activistas detenidos, el argumento utilizado por el cuerpo represivo para justificar la detención arbitraria fue que estaban pegando propaganda política en sitios prohibidos. No obstante, los afiches se habían colocado en paredes visibles y en las que ya había publicidad y propaganda.

En los afiches que motivaron la acción represiva, se exigía libertad para el dirigente obrero Rubén González y el cacique yukpa Sabino Romero, presos por defender derechos colectivos. También se denunciaba el caso del estudiante Williams Sanguino, quien ha acusado a los cuerpos policiales de violar su derecho a la defensa.

Al cabo de una hora, los activistas fueron liberados sin cargos en su contra.

Entre las duras lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el Socialismo en el siglo XX hay que recordar que el burocratismo, lejos de reducirse se extendió de forma cada vez más intrusiva, dando origen a élites de poder cada vez más alejadas del sentir del pueblo. Por eso, una Revolución auténtica está llamada a crear todas las condiciones necesarias para abrirle paso a una sociedad gobernada por sus trabajadores y por la comunidad, y no por la burocracia y la nomenklatura.
La esencia del burocratismo consiste en la preservación de un modelo organizativo y funcional del Estado que permite la entronización de un poderoso sector privilegiado que captura el control de los poderes públicos para ponerlos al servicio de sus objetivos personales, grupales y corporativos. A diferencia de los auténticos servidores públicos, a los burócratas -tan pronto han sido designados-, se le sube el cargo a la cabeza y se creen por encima del pueblo al que deben servir.
No se puede subestimar el permanente peligro de burocratización que acecha a toda Revolución. Una cosa son los verdaderos revolucionarios que asumen delicadas responsabilidades en la estructura del Estado y se consagran al servicio público, sacrificando hasta su salud, familia y vida personal, y otra muy distinta son los trepadores y arribistas, cazadores de cargos públicos por medio de los cuales van tejiendo su funesta estructura de poder. La tendencia a la burocratización del Estado tiene sus síntomas en el creciente dominio de una poderosa minoría que logra controlar los puestos claves de mando para disfrutar así de perversos privilegios, los cuales logran transformar y mantener a lo largo del tiempo como derechos adquiridos.
El burocratismo se apropia de una parte importante del ingreso generado por los trabajadores a través de: elevados sueldos en comparación con el resto del funcionariado mal pagado, primas de jerarquía, bonos especiales, gastos de representación, viajes y viáticos internacionales, asignaciones de lujosos vehículos con chofer y escolta, suntuosas viviendas, onerosos teléfonos, etc. En los hechos, este poderoso sector de la burocracia constituye una especie de burguesía funcional, una casta explotadora que se apropia de una parte importante del esfuerzo productivo de la sociedad; es decir, del plustrabajo, toda vez que su participación abiertamente favorable en la distribución del ingreso se deriva no de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino de los privilegios asociados a los altos cargos que ostentan. Por si fuera poco, abusan de sus posiciones de poder a través de las nefastas prácticas del nepotismo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, testaferros, amiguismo y compadrazgo.
No basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República. Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún tiene pendiente la tarea de superar todo lo que queda del marco legal y del entorno institucional que fue creado para favorecer a poderosos grupos de interés en contra de los intereses del pueblo. Aún no ha concluido la transformación radical de las condiciones que permiten la reproducción del burocratismo, el cual aún está vivo y se resiste a perder sus privilegios. La construcción de un auténtico poder popular pasa por la destrucción de la ineficiente pero aun vigente estructura del Estado burocrático, la cual se mantiene al amparo de la rutina y viejas prácticas que en muchos casos se han recrudecido y agravado.
Estas tensiones entre el burocratismo heredado de la IV República y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no han sido resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en diferentes niveles de los poderes públicos, desconcentrar y traspasar al pueblo el poder represado en ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular a través de la consolidación de los Consejos de Fábrica, de los Consejos Comunales y de las Comunas es una de las grandes tareas planteadas en la construcción del socialismo venezolano.
La sustitución completa del Estado burocrático por un nuevo Estado revolucionario tiene que ser uno de los objetivos cardinales de la fase socialista en la que ha entrado la Revolución Bolivariana. Y no se trata de destruir completamente el Estado de un día para otro sino de comprender las condiciones necesarias que deben cumplirse para lograr su extinción. Basta mirar la pretensión de la principal potencia imperialista de instalar bases militares en países cercanos para entender el enorme papel que aún tiene que jugar el Estado en la defensa de la soberanía nacional.
Mientras se mantengan las condiciones que facilitan la explotación de un ser humano por otro ser humano, mientras esté viva la contradicción entre la naturaleza social de la producción y el carácter privado de la apropiación de los medios de producción y de los excedentes, mientras los viejos y nuevos grupos de poder económico ejerzan su nefasta influencia para absorber y monopolizar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. que facilita el Gobierno Bolivariano para apoyar la actividad económica y productiva, se mantendrán las condiciones que operan como un caldo de cultivo para reproducir y extender el pernicioso fenómeno de la burocratización y el burocratismo.
El capitalismo engendra desempleo, pobreza y exclusión social. Al mismo tiempo, exacerba el consumismo para dar salida a su frenética producción, aumentar las ventas y maximizar así sus ganancias. Esta perversa contradicción tiende a debilitar y corromper los valores éticos y morales ante el afán de alcanzar un mayor disfrute de vida material. Mientras no se sustituyan los valores capitalistas del individualismo, consumismo y mayor nivel de vida material por los valores socialistas de la solidaridad, el desarrollo humano integral y el saber vivir, la corrupción y el burocratismo seguirán siendo flagelos que amenazan la salud de la Revolución Bolivariana.
En esta nueva fase de la Revolución Bolivariana, es el poder de la Comuna el que puede y tiene que destronar al burocratismo. La Comuna está llamada a ampliar la democracia más allá del voto, asumiendo la labor diaria de administrar los recursos públicos, así como la legislación y la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular. Por eso, la proliferación de ministerios y entes del Estado tendrá que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales para el diseño y ejecución de las políticas públicas, con base en un creciente control directo de los trabajadores y de la comunidad, de tal forma que quienes ejerzan estas funciones y responsabilidades no sean burócratas indolentes sino auténticos representantes del pueblo, elegidos por los trabajadores y miembros de la comunidad.
Para facilitar la participación masiva de los trabajadores y la comunidad en el control y administración de los asuntos públicos, es importante relanzar la propuesta que se hizo en la Reforma Constitucional de reducir la jornada laboral, con el fin de liberar tiempo para que los ciudadanos puedan dedicar una parte de éste a las funciones y tareas propias del poder comunal, asumiendo así las funciones de la vieja burocracia y contribuyendo a acelerar la extinción completa del viejo Estado burocrático. Por esta vía se contribuirá como nunca a profundizar el desarrollo y consolidación de una verdadera democracia participativa y protagónica.
Entender la importancia de terminar de destruir el Estado heredado de la IV República es crucial para asegurar el carácter irreversible de la Revolución Bolivariana. De lo contrario siempre estará amenazada por opositores y enemigos que ya no tienen el poder político, pero mantienen un sólido poder económico, el cual ponen al servicio de su obstinación por recuperar sus privilegios. Cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa a las que le hacemos el juego, las corporaciones transnacionales y sus socios nacionales intentarán imponer sus candidatos para reconquistar el poder legislativo, imponer sus leyes al gobierno y descalabrar así las conquistas de la Revolución Bolivariana.
Ese pueblo que antes sufría los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social y que ha sido rescatado y visibilizado por la Revolución Bolivariana no vacilará en apoyar el propósito de terminar de sustituir el Estado burocrático por un nuevo Estado Comunal. La revolución Bolivariana no puede seguir entrampada bregando cada cinco o seis años por lograr una correlación de fuerzas favorable, en medio de un permanente sabotaje de los enemigos del proceso que desacelera y frena el avance de la Revolución. La supervivencia de la Revolución Bolivariana pasa por concentrar cada vez más poder político y económico en las manos del pueblo y no en la burocracia estatal. Solo así será posible construir un nuevo Estado Comunal que elimine las condiciones que aún permiten la explotación del ser humano, la destrucción del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales. Es así como a la larga se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la consolidación de un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.